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Institucional • Historia

Fallo Alejandro Meliton Ferrari

Fallo Completo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV.

Texto completo del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal:

2ª Instancia.- Buenos Aires, setiembre 18 de 1985.

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor Galli dijo:

1. A fs. 278 el Juez de Primera Instancia, remitiéndose a un precedente suyo cuya copia acompaña a fs. 274/277, hizo lugar a la acción de amparo intentada por Alejandro M. Ferrari y declaró la inconstitucionalidad de la ley 23.187. Entendió que la finalidad de la acción en cuestión debe ser interpretada en forma amplia en cuanto ella está fundada en el art. 33 de la Constitución Nacional y en el caso la ley impugnada era de operatividad inmediata, lo que tornaba admisible en ese aspecto la demanda intentada. De adoptar un criterio estricto de admisibilidad podía dejarse sin protección jurisdiccional a quienes se encontrasen afectados en sus derechos constitucionales en virtud de decisiones obligatorias que excediesen el marco del acto u omisión que literalmente prescribe la ley. Tampoco entendió receptable la objeción del Ministro de Educación y Justicia en cuanto a la existencia de otras vías procesales en protección del derecho discutido, toda vez que, como el mismo informante lo reconocía, de utilizarse el medio idóneo del juicio ordinario la decisión que se alcanzase en él, por el solo transcurso del tiempo, se tornaría abstracta careciendo de eficacia el accionar de la justicia. Rechazó también la objeción en cuanto al impedimento de declarar la invalidez constitucional de una ley a través de esta acción de amparo, en tanto que en el caso de denegarse por esa razón el amparo se le privaría del único remedio judicial al que podría acceder el accionante, creando una verdadera privación de justicia.

En cuanto al fondo de la discusión recordó el magistrado lo previsto en el art. 14 de la Constitución Nacional sobre el reconocimiento del derecho de asociación -que significa la libertad de no asociarse-, derecho no absoluto y, por tanto sujeto a reglamentación que no desconozca ni altere su esencia. Recordó que el Estado ha sido creado para garantía de los derechos de los particulares y el poder que el gobierno ejerce le es delegado por el pueblo, y no puede extenderse más allá de los límites que establece su Constitución. De allí concluyó que una ley que obligue a las personas a asociarse compulsivamente, violenta el derecho a la libertad que le es propia y, que no ha delegado y que procede de la misma Constitución. Sin desconocer la legitimidad del ejercicio del poder de policía por parte del Estado, afirmó que no pudiendo obligarse a la persona a asociarse sin su consentimiento a una entidad no puede el Estado delegar en esta última una atribución que a su vez le ha sido delegada por el pueblo.

Las costas las impuso a la vencida.

2. A fs. 294/296 el apoderado del Ministerio de Educación y Justicia apela el pronunciamiento antes mencionado, señalando que toda vez que el sentenciante se ha remitido a un fallo anterior suyo recaído en la causa, "Solari, Alfredo Antolín c. Estado nacional s/ amparo", agregando fotocopia auténtica, procede a hacer lo mismo con la expresión de agravios agregada en esos autos como modo de expresión de agravios contra la sentencia recaída en autos.

En la fotocopia agregada a fs. 284/293 se sostiene que el a quo en seis escuetos considerandos ha declarado la inconstitucionalidad de una ley sancionada por más de doscientos diputados y cuarenta senadores, luego de estudios en las respectivas comisiones y de largos y fundados debates en el seno de cada Cámara. A ello agrega que dicha ley es una regulación similar a aquellas de la mayoría de las provincias de la Corte Suprema de Justicia, contando con el beneplácito de la mayoría de los abogados del foro local, salvo algunos casos aislados.

Dice el apelante que no habiéndose impugnado la constitucionalidad del art. 1° de la ley 16.986 el sentenciante no pudo soslayar sus claros términos, pues de lo contrario erigiría a la acción de amparo como el único medio para obtener la tutela judicial de los derechos, ya que en definitiva la Constitución Nacional es la ley suprema y todas las leyes han sido dictadas en su consecuencia; a su entender sólo hace viable la acción de amparo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 1° de la ley de la materia. Sostiene que el a quo no ha demostrado la inmediata operatividad de la cuestionada, afirmación ésta que se encuentra desmentida en sus arts. 61, 62, 63 y concordantes.

Se extiende luego en consideraciones respecto a una causa que nada tiene que ver con la presente, salvo en su pretensión de fondo. Advierte que el sentenciante ha hecho caso omiso a la prohibición de declaración de inconstitucionalidad a través de una acción de amparo, imputándole desconocimiento de doctrina de la Corte Suprema de Justicia, unánime, en la cuestión de la matriculación obligatoria de los abogados o de otras profesiones en base al fundamento de la afectación de la libertad de asociación.

Afirma que lo que la ley trata es de la obligación de los abogados a matricularse, obligación que existía con anterioridad, pero que debía cumplirse en una oficina del Estado, en tanto que por la ley impugnada la atribución ha quedado en manos de los propios abogados. Se remite a doctrina de la Corte Suprema de Justicia que menciona.

Imputa nulidad de la sentencia apelada por no hacerse mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omisión se concede el amparo, de la determinación precisa de la conducta a cumplir y el plazo para el cumplimiento de lo resuelto.

En su escrito de apelación en este expediente vuelve a la originaria imputación de su informe en cuanto a que el doctor Ferrari se encuentra matriculado en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata desde el año 1954 y que resulta inadmisible que un sujeto de derecho pretenda cohonestar una dicotomía como la de argüir la existencia de un acto que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta mientras que el mismo se mantenga consintiendo durante 31 años ese mismo acto en otra jurisdicción. Transcribe en este sentido palabras de Bartolomé Fiorini en cuanto dijo que la acción de amparo "... no es remedio jurisdiccional para el negligente, el versátil o el que no ha sabido ser centinela de sus libertades. El recurso de amparo en estos casos, no tiene existencia, porque ha existido una renuncia manifiestamente expresada. Aquí no hay nada irreparable porque no hay nada que reparar...".

A fs. 300/301 vta. el actor contestó el traslado conferido.

3. En primer lugar debo señalar que si bien el magistrado ha acompañado fotocopia de una sentencia anterior suya sobre la misma materia y que igual derecho le cabe a la parte en cuanto a su expresión de agravios, es necesario que en tal caso cuide de examinar su anterior presentación para no presentarse ante la alzada en la forma desprolija en que se lo ha hecho imputándole a la actora hechos y circunstancias que no corresponden a la constancia de la causa.

Así en tal fotocopia que forma parte integrante de la apelación en autos, se dice, a modo de menosprecio hacia su contraria, que su demanda es fotocopia de la presentación de otro profesional en causa diferente en la cual se denegó una medida de no innovar, decisión que fue confirmada por esta sala. Nada tiene que ver tales afirmaciones con el caso de autos, en el cual, por lo demás, se acogió por el a quo la medida precautoria que todavía no tuvo pronunciamiento definitivo en esta instancia toda vez que su impugnación llegó juntamente con la apelación de la sentencia definitiva. De allí que entiendo que por respeto al tribunal ante el cual se dirige deberá el profesional interviniente, en el futuro, ajustar sus agravios en los términos que resultan de los hechos de la causa y de la sentencia impugnada.

4. En segundo lugar ha de examinarse si en el caso se dan los requisitos exigidos en el art. 1° de la ley 16.986 en cuanto a la existencia de un acto de autoridad pública que en forma actual o inminente afecte, en los términos de la ley, algún derecho expresa o implícitamente reconocido por la Constitución Nacional.

La ley 23.187 ha sido sancionada, promulgada y ha entrado en vigencia lo que dan cuenta los plazos establecidos en los mimos artículos mencionados por el Estado nacional para la constitución de la nueva entidad y la designación de sus autoridades. Y si bien éstas aún no existen, por el art. 60 ya los abogados se encuentran matriculados ante él por lo que, pese a que el actor -como veremos- no impugna tal matriculación la lesión a su derecho en relación a lo que supone la libertad de asociación es de inminente lesión.

No puede perderse de vista que de no articular en este momento, su repulsión a lo que él entiende la vulneración de su derecho no sería descartable -y de posible progreso- que el Estado nacional que hoy se opone a la acción, por extemporáneo, pretenda construirle más adelante el valladar del libre acatamiento en su momento del régimen legal que aquí se discute.

5. En cuanto a la supuesta existencia de otros recursos o remedios judiciales o administrativos en defensa del derecho que se invoca, ya es de antiguo la jurisprudencia de la Corte Suprema -antes y durante la vigencia de la ley 16.986- en el sentido de que "siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo" (Fallos, t. 241, p. 291; t. 267, p. 215 -Rev. LA LEY, t. 92, p. 632; t. 126, p. 293-).

En el último de los precedentes mencionados se sostuvo que "cuando las disposiciones de una ley, decreto u ordenanza resultan claramente violatorias de alguno de los derechos humanos, la existencia de reglamentación no puede constituir obstáculo para que se restablezca de inmediato a la persona en el goce de la garantía fundamental vulnerada; porque de otro modo bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto u omisión arbitrarios de una norma, previa -por más inconstitucional que ésta fuese- para frustrar la posibilidad de obtener en sede judicial una inmediata restitución en el ejercicio del derecho esencial conculcado".

De allí que el óbice formal opuesto por la accionada en cuanto a la presunta existencia de otros remedios procesales y la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la ley a través de esta acción de amparo pierden virtualidad, sin perjuicio del examen respecto a la existencia de una violación de un decreto reconocido constitucionalmente y, en tal caso, el grado de tal violación. De cualquier manera considero que en el caso el debate ha sido exhaustivo y no aparece necesario una mayor profundidad de él, ni la necesidad de producción de prueba que torne inidónea la acción intentada.

6. De todo ello resulta que no comparto lo propuesto por el señor Fiscal de Cámara al evacuar su dictamen de fs. 311/312.

7. Tras del ataque formal que la demandada ha efectuado a la sentencia poco es lo impugnado desde el punto de vista material.

Es verdad que el alcance dado por el a quo a su sentencia es mucho más amplio de aquel dado por el accionante a su demanda, tal como éste lo expresa en la contestación del traslado ante esta alzada.

Reitera aquí que no impugna el gobierno de la matrícula y el ejercicio del poder disciplinario por parte de los mismos abogados y a través de órganos elegidos por ellos mismos, sin perjuicio de manifestar sus reservas sobre el procedimiento elegido, pero que se encuentra dentro del campo de la prudencia política, no sujeta al control judicial. El accionante afirma que el agravio inferido a su persona es en cuanto se pretende asociarlo compulsivamente a una entidad que lo representará en sus intereses profesionales, constituyendo ese Colegio Público en una suerte de gremio compulsivo, violatorio de los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.

Limitado el conocimiento del amparo a este aspecto los fundamentos del a quo siguen siendo válidos para su consideración por la alzada, sin que advierta extralimitación en sus fundamentaciones, y sí, salvo en la decisión final, en la medida que, -repito- el accionante no impugna la ley en su integridad.

8. Dentro de ese esquema no puede sostenerse tan apodícticamente como lo hace el Estado nacional que la Corte Suprema de Justicia a través de su historia ha reconocido reiteradamente la constitucionalidad de la agremiación compulsiva de los abogados a la luz del derecho de asociación.

En Fallos, t. 203, p. 101 (Rev. LA LEY, t. 40, p. 405) -por mayoría- se sostuvo que "el derecho de asociarse con fines útiles es una consecuencia de la libertad civil y lleva implícito, por lo tanto, el derecho a no ser cumpulsado a formar parte de una asociación determinada". Por su parte, en Fallos, t. 237, p. 397 (Rev. LA LEY, t. 87, p. 701), la Corte Suprema se fundó exclusivamente en la constitucionalidad de la delegación del gobierno de la matrícula y el ejercicio de la facultad disciplinaria a estos colegios profesionales, pero no resulta de modo alguno de su texto que el pronunciamiento haya hecho referencia a otras atribuciones reconocidas a estos colegios en cuanto a la representación de los profesionales a quienes sindica en su seno.

En cuanto a la causa publicada en Fallos, t. 286, p. 187 (Rev. LA LEY, t. 152, p. 207) ella no resulta aplicable al caso pues se refiere a instituciones de seguridad social que nada tiene que ver con el problema actual.

De esta enumeración surge que tal doctrina unánime del Alto Tribunal no existe y por tanto pierde sustento uno de los agravios de la accionada en relación al carácter no manifiesto de la presunta inconstitucionalidad.

9. No es feliz la aserción de la votación por la que se sancionó el proyecto de ley en ambas Cámaras, pues ello de manera alguna puede llevar a la ratificación constitucional de una ley. De esa manera, toda ley sancionada por la mayoría constitucional -y a través de los mecanismos del procedimiento legislativo- se encontraría indemne de cualquier impugnación con fundamento en la Carta Magna en la medida de que un juez de primera instancia, tres camaristas y cinco ministros de la Corte Suprema, son menos que los diputados y senadores que sancionaron la norma.

La constitucionalidad de una norma resulta de un análisis exegético del ordenamiento vigente, confrontando la norma impugnada en la Constitución Nacional que impone conductas y limitaciones a los gobernantes y derechos y deberes a los gobernados que no pueden ser alterados por mayorías circunstanciales. Barrabás es un claro ejemplo que no siempre el número es convalidatorio de la legitimidad de una medida adoptada.

10. En su ampliación de agravios el apoderado de la demandada insiste en achacarle al accionante una injustificada dicotomía al impugnar la colegiación en jurisdicción de la Capital Federal y, por el otro lado, encontrarse matriculado en la ciudad de La Plata desde hace 31 años sujeto a un régimen similar.

No advierto qué consecuencia jurídica puede tener tal situación, toda vez que -por las más diversas razones que pudo haber tenido el actor para hacerlo en su momento- una vez matriculado sin reserva, nunca más podrá discutirle con fundamento constitucional conforme a pacífica y reiterada doctrina de los tribunales. Pero ello sólo referente al específico supuesto de su matriculación ante el Colegio de Abogados de La Plata; tal consentimiento no puede suponer su obligación de soportar cualquier otro sistema análogo o no que quiera imponérsele en otra jurisdicción y bajo otras circunstancias.

11. Luego del extenso agravio sobre las cuestiones procesales, la demandada es lo suficientemente parca en cuanto a la cuestión de fondo que linda en la deserción del recurso. Al respecto se limita a la mención de algunos párrafos de fallos de la Corte Suprema y de manifestaciones del miembro informante de la Cámara de Diputados.

12. Por ley 23.187 el Congreso de la Nación sancionó un régimen general del ejercicio de la profesión de la abogacía en el que se encuentran contenidos desde normas referentes a los requisitos para el ejercicio profesional, la enunciación de los deberes y derechos del abogado, hasta el régimen de su matriculación y la creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que "controlará el ejercicio de la profesión de abogado y tendrá a su cargo el gobierno de la matrícula respectiva en el ámbito geográfico de la Capital Federal" (art. 17), siendo la matriculación a él de carácter obligatorio (art. 18), aun cuando el profesional ejerza esporádicamente su profesión en el ámbito capitalino.

Además de tales atribuciones, por el art. 20 se le confiere a la institución -definida en el art. 17, 2° párr., como persona jurídica de derecho público- la defensa de sus miembros "para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados y afianzar la armonía entre ellos", promover y organizar la defensa jurídica de las personas que carezcan de recursos económicos, contribuir al mejoramiento de la justicia, intervenir consultivamente en la designación de los jueces, dictar las normas de ética que deben regir la actividad, aplicar sanciones que aseguren su cumplimiento y colaborar con los poderes públicos en la elaboración de la legislación en general. Luego en su art. 21 se establecen las funciones, deberes y facultades que se le acuerden a este Colegio Público para el cumplimiento de sus finalidades.

El sistema se ha cuestionado desde el punto de vista constitucional, entendiéndose que se encuentra afectado el derecho de asociarse reconocido por nuestra Constitución en sus arts. 14 y 14 bis. Ello pese a lo sostenido por el miembro informante del proyecto ante la Cámara de Diputados en cuanto afirmó que "lo que está en juego cuando se discute la constitucionalidad no es, señor presidente, la libertad de asociarse. Lo que está en juego es saber si existen grupos sociales en los cuales se puede delegar el poder de policía. Esta es la cuestión" (Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, Período 1984, p. 2969). Toda vez que el actor no ha cuestionado el legítimo ejercicio del poder de policía a través de un ente dirigido por los mismos profesionales, el argumento vertido en el seno del Congreso pierde sustento.

13. Desde antiguo se ha reconocido la naturaleza esencialmente social del hombre. La necesidad de comunicarse, de transmitir sus emociones y sus ideas y el amor que nace entre los seres humanos obligan a éstos a convivir. Esa convivencia no se limita a la mera relación circunstancial, a la coexistencia espacial y temporal, sino que la trasciende procurando constituir instituciones estables tendientes a la satisfacción de las comunes necesidades materiales y espirituales que, individualmente, no pueden ser satisfechas. Cualquiera fuera la índole de la naturaleza humana, el hombre requiere de los demás en apoyo y amparo de sus debilidades. A ello debe agregarse que esa convivencia supera la simple comunidad animal, en tanto el hombre es una naturaleza dotada de inteligencia y voluntad libre, no regida por el determinismo natural, de la que nacen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son también absolutamente inalienables (Enc. Pacem in terris, núm. 8).

En el aspecto específico en consideración puede sostenerse que "de la extrínseca sociabilidad de los seres humanos se deriva el derecho de reunión y asociación, como también el derecho de dar a las asociaciones la estructura que se juzgue conveniente para obtener sus objetivos y el derecho de libre movimiento dentro de ellas bajo la propia iniciativa y responsabilidad para el logro de estos objetivos (Enc. cit., núm. 23), organizaciones que la Iglesia a través de la Encíclica Mater et Magistra ha insistido en la necesidad insustituible de su creación.

14. No podemos ignorar que el hombre sólo tiene derechos en su condición de tal, sino que frente a sus semejantes y a la sociedad en su conjunto tiene deberes que nacen de la necesidad de la creación del ambiente necesario para que esos derechos puedan ser ejercidos por todos en un pie de igualdad. Pero el cumplimiento de esos deberes, salvo situaciones de emergencia y la imposición de legítimas cargas sociales que pueda imponer el Estado, deben venir por propia iniciativa de la persona y no a través de la imposición de la fuerza, negación del respeto a la persona humana. Pues la convivencia que se exige entre los hombres "tiene que realizarse en la libertad, es decir, en el modo que conviene a la dignidad de los seres llevados, por su misma naturaleza racional, a asumir la responsabilidad de las propias acciones" (Enc. cit. núm. 35). Ello así por cuanto "el hombre no es verdaderamente hombre, más que en la medida en que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se hace él mismo autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias" (Enc. Populorum Progressio, núm. 34).

15. Nuestra Constitución reconoce en dos artículos el derecho a asociarse de las personas: en su art. 14, apareciendo así de raigambre liberal, y en su artículo nuevo siguiente, recogiendo la evolución experimentada en proceso constitucionalista durante el presente siglo y con referencia directa a la organización sindical.

El mismo informante, recogiendo cierta doctrina, afirmó que "el art. 14 de nuestra Constitución Nacional habla de una libertad en instituciones de derecho privado, que es una agremiación voluntaria donde, precisamente, no es obligatorio asociarse".

Entiendo que esta conclusión es, a lo sumo, consecuencia de una errada lectura y examen del texto constitucional. La enumeración del art. 14 no es limitativa al reconocimiento de derechos de índole privada o patrimonial; en él se reconocen fundamentales derechos políticos que son la base de nuestro sistema democrático, como ser el de peticionar a las autoridades, de publicar las ideas por la prensa sin censura previa y el de asociarse con fines útiles que abarca, obviamente, y como fuera reconocida desde los comienzos, el de reunión, en tanto no esté alcanzado por la fulminación del art. 22, y el de la asociación política y gremial, éste al menos hasta su introducción expresa en la Convención Nacional Constituyente de 1957.

Los fines útiles mencionados por la Constitución no son sinónimos de lucrativos, sino que se extienden a toda finalidad que legítimamente puede pretender alcanzar el hombre con el auxilio de otros, fines que pueden ser particulares de sus miembros o extenderse a colaborar en la obtención del bien común, entendido como la "suma de condiciones que consienten a los individuos y a las colectividades alcanzar su propia perfección más plena y rápidamente...". (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, núm. 26). Ello además en tanto tal consecución del bien común sea asumida libremente por los miembros de la asociación, pues faltando la libertad se resiente la finalidad, en la medida que la libertad de la persona humana forma parte integrante de las condiciones necesarias para alcanzar la plenitud del hombre, y, por tanto, es la base de la consecución del bien común.

16. ¿Cuál es la naturaleza del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal? Ha sido creado con la intención primera y declarada de otorgarle la facultad de gobierno de la matrícula de los abogados y el ejercicio del poder disciplinario sobre los matriculados. Sobre estas dos atribuciones giró la defensa de su constitucionalidad en el debate parlamentario.

Sin embargo, la institución va a defender a los abogados asegurándoles el libre ejercicio de la profesión, velará por su dignidad y decoro profesional y afianzará la armonía entre ellos, además de representar a toda la profesión en el mejoramiento de la administración de justicia, en el nombramiento y remoción de jueces y en la elaboración de la legislación en general.

17. "El sindicato es la unión asociativa voluntaria que se constituye entre los componentes de una misma categoría profesional de trabajadores o empleadores, con el primordial objeto de la defensa de sus intereses y de la elevación y adelanto profesional y social de la categoría" (Livio Labor, Sindicalismo y sociedad, p. 17, Ediciones del Atlántico, Buenos Aires, 1957). "Todo sindicato es una asociación cuya finalidad particular consiste en la defensa de los intereses profesionales, no sólo en su aspecto económico, sino también social" (Guillermo Cabanellas, en Enciclopedia Jurídica Omeba, voz Asociaciones Profesionales, t. I, p. 859).

¿Qué le falta a este Colegio Público para reunir las notas de un sindicato? Salvo el de discutir condiciones de trabajo y salarios, nada, toda vez que se le encomienda a través de la ley la representación de los profesionales del derecho ante los poderes públicos, reconociéndole a su opinión el carácter de parecer de la comunidad de abogados. Forzadamente éstos se ven compelidos a tener una opinión común por medio de una institución creada por el propio Estado, quien le ha otorgado personalidad de derecho público, casi al modo de un organismo estatal.

Así, a través de la mayoría del Consejo Directivo los abogados, en su conjunto, aparecerán sosteniendo posiciones doctrinarias que no necesariamente será la opinión de éstos. La pluralidad de ideas es el fundamento del estado democrático, su unificación la del totalitarismo.
Resulta así irrazonable a todas luces la imposición coactiva de opiniones que, a lo sumo, será sólo reflejo de una eventual mayoría -o de una simple primera minoría-, especialmente cuando se refiere a profesionales en quienes la comunidad deposita la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de sus integrantes.

18. No escapa a mi percepción la dificultad en la limitación del alcance de mi voto, en tanto se trata de la impugnación por una persona de una norma de alcance general en cuanto al otorgamiento de facultades otorgadas a una institución creada por el Estado, sin que aún ellas hayan sido ejercidas.

Sin embargo, la defensa de la Constitución Nacional y de los derechos que implícita y explícitamente en ella se reconocen y que son anteriores a todo el ordenamiento constitucional, obligan a acoger este amparo. De lo contrario, su rechazo fundado en una aparente ausencia de acto concreto emanado de este Colegio "de derecho público" llevaría a la frustración definitiva del derecho del actor, en tanto, como lo señalé más arriba, quedaría definitivamente convalidado el régimen por la falta oportuna de articulación constitucional.

19. Esto no supone desconocimiento de las organizaciones sectoriales como tercera categoría de sujetos a la que hace mención la Corte Suprema en Fallos t. 241, p. 291, aun cuando su institucionalización no puede venir por imposición gubernamental obstruyendo uno de los postulados básicos en que se concertó la unión nacional: asegurar los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la República.

20. Párrafo aparte me obliga cierto recuerdo traído a estos autos por el accionante en relación al doctor Enrique V. Galli, modelo de conducta como ciudadano, hombre y magistrado quien debiera merecer el permanente reconocimiento no sólo de los hombres de derecho por sus imborrables enseñanzas, como por el pueblo en general por su lucha constante en defensa de la libertad y la democracia. La conclusión a la que arribo en este voto no importa desmedro a su figura y al recuerdo imborrable que permanece en mí, tanto más cuando su obra al frente del Colegio de Abogados de La Plata, ha sido como toda su vida, ejemplo de respeto y de lucha por la dignidad de la profesión de abogado.

21. Por todo ello, voto por la confirmación parcial de la sentencia apelada, declarando que el ejercicio eventual por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de las facultades acordadas en los incs. c), e), f) y h) del art. 20 y k) del art. 21 de la ley 23.187, no pueden serle atribuidas al actor, ni obligarle. Tal declaración no alcanza a la atribución referente al dictado de normas de ética profesional (inc. g), toda vez que, no cuestionada la legitimidad de la delegación de la facultad disciplinaria del Colegio, ello conlleva al dictado de normas de esa naturaleza sin perjuicio de la eventual consideración judicial de su razonabilidad en el caso concreto que se presente. Las costas a la vencida.

El doctor Hutchinson dijo:

I. Coincido con el colega ponente en lo que hace a la procedencia formal del amparo, referente a lo temporáneo de su interposición, por cuanto, como ya lo dijera el tribunal, la vulneración constitucional puede ser actual o inminente (causa 10.124, "Romano" del 3/IX/85).

II. También coincido, por los mismos fundamentos, en que puede discutirse, en ciertos casos, la constitucionalidad de una ley en esta sumarísima vía del amparo. Tal posición, también ha sido admitida por la Corte Suprema de Justicia (Fallos, t. 239, p. 459; t. 241, p. 291; t. 246, p. 179; t. 251, p. 469; t. 270, p. 215 -Rev. LA LEY, t. 89, p. 532; t. 92, p. 632; Rep. LA LEY, t. XXIII, p. 1296, sum. 237-).

Si bien es cierto que una condición para que el amparo sea procedente, es la manifiesta ilegalidad del acto e inconstitucionalidad de la norma cuestionada, lo que en el caso, según mi opinión, no se da, desde el momento en que se requiere un análisis minucioso de ciertas normas y -adelanto con la conclusión contraria a su inconstitucionalidad- no lo es menos que ello no es óbice para la procedencia formal de la vía intentada.

En efecto, si fuera excluyente la procedencia del amparo si no hay manifiesta ilegalidad, toda admisión formal del amparo llevaría como consecuencia la posterior admisibilidad sustancial de la acción, puesto que cuando se decidiera que el amparo no es procedente por el fondo, ello significaría que no había ilegalidad -ya no se trata siquiera que sea manifiesta o no- y, por ende, que pudo haber admisibilidad formal. Entraríamos pues, en un círculo vicioso.

Opino que lo que exige la norma es que dicha ilegalidad sea susceptible de ser decidida sin otro debate que la que surja de una simple constatación. En este caso de la demanda y apelación que indican los agravios sustentados oportunamente por las partes con las normas -Constitución y ley cuestionada-.

Aunque no haga falta ninguna investigación de hecho, puesto que las ilegalidades manifiestas son insusceptibles de más o de menos, se requiere siempre una constatación entre lo aducido y la realidad. Siempre es necesario un análisis por el juzgador, aunque sea sumario.

III. Por otra parte, aun cuando en una exégesis literal de la ley, se entendiera que inexorablemente en el "sub discussio" debía declararse la inadmisibilidad formal de la acción, atento que la inconstitucionalidad no es manifiesta, ello no pasaría de ser un mero formulismo, toda vez que lo único que se lograría sería "ordinarizar" la acción y alongar los plazos. Desde el momento que cualquiera sea el procedimiento existirían los mismos elementos obrantes en autos para decidir. También cabe acotar que da demandada ha tenido oportunidad suficiente para ejercitar su defensa. Nada obsta, entonces, a aceptar, en el caso, esta sumarísima vía del amparo.

Máxime cuando no existe en el derecho público nacional una acción autónoma para cuestionar la inconstitucionalidad de una ley, tal como ocurre en el derecho público provincial. Aparece el orden jurídico nacional con retraso respecto al provincial, no sólo en lo que hace a dicha acción o a la colegiación profesional de los abogados -que ahora se legisla- sino también en lo que hace a otros aspectos, como el Código procesal administrativo.

Así como en lo que hace a la colegiación se ha puesto fin a ese retraso, cabe esperar que ocurra lo propio con la acción de inconstitucionalidad y con el Código; sin duda -desde mi punto de vista- mucho más necesarios, sin que exista oposición, y en interés de toda la comunidad y no de un sector de la misma, como en el caso de la colegiación de abogados.

IV. Las corporaciones profesionales en nuestro país, entre las que viene a insertarse ahora el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entrañan una estructura representativa de intereses sectoriales, de grupo o clase, integrada por los profesionales matriculados, que actúan como miembros. Dichas corporaciones son, por lo general, -y veremos si ello ocurre en el caso- entes de base asociativa, integrados por miembros que se reúnen para la gestión y defensa de sus intereses y la promoción u ordenación común del sector a que pertenecen.

Normalmente estos colegios profesionales realizan una doble actividad: la defensa y representación de los intereses profesionales de sus miembros y la administrativa -única que se rige por el derecho público, a pesar del "mito" de asignarles personalidad jurídica pública-: consistente en la ordenación, control y disciplina del ejercicio de la respectiva profesión. Coexisten, pues, un interés netamente privado y uno público general, aunque no siempre ello es así (caso del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Capital).

En aquel caso lo que el Estado hace es valerse de estas entidades intermedias, utilizándolas para cumplir con la función de vigilar y controlar el ejercicio profesional. La elección, por parte del Estado, para que estos colegios realicen una actividad que a aquél le es propia no es sino una alternativa organizatoria: frente a una gestión burocrática pura y simple, que en el caso realizaba, opta por aprovechar estructuras ajenas que lo liberen del montaje y sostenimiento de unos servicios propios.

V. Y es que el contralor superior del ejercicio de las profesiones, siempre que no se menoscabe el carácter particular y privado de ellas, que es su esencia, y de la esencia de un sano orden social, es indispensable.

Como bien dice el accionante, la tutela de la matrícula constituye uno de los medios para controlar que las profesiones liberales sean ejercidas por quienes están habilitados para ejercerlas, y antes de esta ley la matriculación -en el caso de los abogados de la Capital- era fiscalizada por el Poder Judicial.

Existiendo dos posibilidades de ejercer dicho control: por un órgano estatal o por un ente no estatal constituido por los miembros de una misma profesión, la ley optó por el segundo.

VI. La actora no cuestiona esta disposición legal, por lo que no cabe hacer análisis alguno de ella, pero sí puede acotarse que ello evita la ingerencia estatal inmediata y directa con la consiguiente hipertrofia de la burocracia. Parece que hace más a la esencia de la filosofía liberal de nuestra Constitución que el Estado se achique y que sea la propia sociedad la que recupere la gestión de sus asuntos.

VII. Conviene no confundir el interés de la categoría profesional con el interés público. Una cosa es que el Estado regule la constitución y funcionamiento del ente, asegure su control mediante la concesión de personalidad jurídica y un Estatuto que le conceda poder sobre sus miembros, y otra muy distinta que haga suyos -que asuma- los intereses del grupo en cuanto tal. Estos últimos intereses no son públicos -estatales y generales-, sino privados, aunque colectivos, o si se quiere, público-sociales -su titularidad no está atribuida al Estado sino a un grupo social organizado en forma pública como corporación-.

A través de lo dicho es factible distinguir distintas zonas de actividades de estas corporaciones. Existen así aquellos intereses profesionales que requieren apoyo e interconexión con el Estado los que necesitan la existencia de una cohesión mínima del grupo; intereses que, además, no son indiferentes al ciudadano común.

Tenemos así, en estos intereses que hacen al bien común, las relaciones con el Estado, las actividades dirigidas a conseguir una mínima adhesión del grupo y aquellas que repercuten en los intereses de los ciudadanos. Todas ellas relacionadas con la matrícula, su fiscalización, las potestades disciplinarias, lo atinente a la ética y a combatir la intrusión.

VIII. Los colegios profesionales tienen así un papel frente al Estado y la sociedad y otro frente a la profesión, y en virtud de este último, ejercen potestades que van a repercutir en las personas privadas (clientes) atendidas por los profesionales.

Estas corporaciones son la unión de un grupo de personas con el objeto de defender unos intereses comunes; los de la profesión como categoría. Nos encontramos así con tres hechos:
a) que esos intereses requieren para su defensa una posibilidad de acceso, influencia o interconexión con el poder público, en el sentido de que estos entes necesitan ejercer un poder frente a los profesionales, imprescindibles para controlarlos y para conseguir la indispensable conexión del grupo; poder que le es otorgado por aquél -por descentralización impropia o delegación intersubjetiva (de la Vallina Velarde, "Transferencia de funciones administrativas", Madrid, 1964)- a través de una norma de habilitación. También hallamos que los intereses mencionados requieren para su defensa una organización que pueda actuar frente a la sociedad, es decir, una organización interna que suponga la existencia de unos medios mínimos y que actúe como cualquier otra persona jurídica. Así nos encontramos con que en el hecho de los colegios profesionales existe un aspecto que mira a la misma organización de los entes como grupos y como sujetos de derecho.

IX. Estos intereses no son indiferentes al ciudadano común, que es quien recibe los servicios de los profesionales agrupados. Y es que los colegios, no tutelan sólo los intereses de la clase profesional, sino también -aunque más no sea indirectamente- los de las personas extrañas a ella, esto es, los de los ciudadanos en cuanto que son, de hecho potencialmente, clientes de los profesionales inscriptos. Este es el tercer aspecto de los colegios que se refiere a su proyección hacia el ciudadano común.

Otra zona de intereses muy distintos es la vinculada con las actividades dirigidas a conseguir una solidaridad por medio de la representación y agremiación del grupo.

X. Hemos analizado estos aspectos porque el último, aquel que se refiere a los meros intereses de grupo, que hace a los aspectos meramente asociativos, es el cuestionado por la actora desde el momento en que, a pesar de considerarlo inconveniente, no impugna desde el punto de vista constitucional lo relacionado con la matriculación, su control, las facultades disciplinarias, etc.

Cabe acotar, antes de analizar la cuestión estrictamente planteada en el "sub lite", que la colegiación -o afiliación, matriculación o asociación (poco importa la denominación que se le dé)- obligatoria (imperativa) resulta de la facultad de controlar la matrícula, esto es de las facultades administrativas del Colegio, o sea de aquella actividad regida por el derecho público. No obstante lo cual, sí existen normas que no hacen a dicha regulación específica -como apunta el actor-, que además son inconstitucionales, así debe declararse por el tribunal. Para ello es menester un análisis de las distintas normas.

XI. El capítulo del título I de la ley 23.187 se refiere a los requisitos para el ejercicio profesional; ello, sin duda hace a la función específica para la que fue creado el Colegio. En el capítulo II se tratan los deberes y derechos del abogado. Si bien sólo algunos se relacionan con el ente creado (así, art. 6, incs. "b", "c" y "d"), ya que las demás normas tienen existencia propia, con o sin Colegio (Ej., arts. 5°, 6°, incs. "a" y "f", etc.), ellas hacen a aspectos de la profesión relacionados con el interés público. El título II y el capítulo I del título III hacen estrictamente a aspectos relacionados con la matriculación de los abogados.

El capítulo III del título III se refiere a la constitución de los órganos del Colegio; el título IV, a los poderes disciplinarios de éste; el título V, al patrimonio y el VII, al régimen electoral. Como el fin esencial del colegio es lo atinente al régimen de control del ejercicio profesional, a través de la tutela de la matriculación, todo ello hace a este régimen no cuestionado por el actor. Efectúo este análisis pormenorizado por cuanto el actor no ha establecido expresamente el o los artículos que entiende inconstitucionales, si bien es cierto que da fundamentos suficientes a su impugnación, relacionándolos en general con la imperatividad de su afiliación, en aquellos aspectos no relacionados con la matriculación y su control. En este estudio cabe decir que el título VI no hace a la colegiación (matriculación) obligatoria. De acuerdo a la filosofía que campea en el escrito del accionante no cabe siquiera analizar la constitucionalidad de las normas del mismo, toda vez que, ni por asomo, puede pensarse que en el ánimo del recurrente ha estado impugnar el patrimonio y representación gratuitos que hace a la relación con los ciudadanos. Si tratara esta cuestión aquí, implicaría una falta de respeto al actor.

XII. Nos queda, pues, por analizar el capítulo II del título III que es, entiendo, el meollo de la cuestión planteada. De las normas contenidas en el mismo, no cabe dudar que los incs. "a", "b" y "g" del art. 20 y los incs. "a", "b", "c", "d", "e", "h" y "j" del art. 21 hacen a la función específica del Colegio a que nos hemos referido anteriormente: la matriculación y su control. El inc. "d" del art. 20 hace a la relación con los clientes carentes de recursos (patrocinio gratuito) y el "e" se refiere a la contribución que, como cualquier ciudadano, puede efectuar el Colegio -como cualquier otra asociación de abogados- para el mejoramiento de la justicia, señalando las deficiencias e irregularidades. Esto último no hace sólo a un interés estrictamente sectorial, sino que trasciende a él e involucra conjuntamente al interés general. Tampoco estas dos cuestiones hacen a lo discutido en el "sub lite".

Los incs. "g" e "i" del art. 21 escapan a la cuestión debatida en autos, pues es insusceptible de agravio -a no ser en su implementación, cuestión ajena al "sub discussio"-. La biblioteca, las becas o premios intentan un mejoramiento del asociado. Son aspectos culturales integrativos de la profesión. Ello es posible y necesario tanto en una colegiación como en una asociación gremial.

XIII. Nos queda por analizar, entonces, los incs. "c", "f" y "h" del art. 20 y los incs. "f" y "k" del art. 21, desde el momento en que el art. 22 se refiere a la posibilidad de los miembros para pedir la intervención del Colegio, problema también ajeno en el "sub lite".

Los fines públicos del Colegio traen consigo, por necesidad, la adjudicación correlativa de los medios idóneos para llevarlo a cabo, bajo la condición de los que se usen sean razonables y compatibles con aquéllos, es decir, mientras no se le asignen facultades abusivas o impropias de su carácter de controlador de la matrícula. Debe tenerse en cuenta, a los fines de lo que se dirá, que esta facultad de control no ha sido cuestionada como inconstitucional.

XIV. Al derecho de asociarse con fines útiles corresponde, sin duda, la libertad de no asociarse. Pero tanto aquel derecho como esta libertad, se refieren a sociedades cuya existencia no sea requerida por el interés general. El régimen de colegiación no vulnera la libertad de asociarse según como ha propuesto las cuestiones el actor, esta libertad sólo se vería vulnerada por aquellas relaciones que escapan a los fines públicos de la colegiación. No está, pues, en juego el deber de entrar en una estructura social cuya constitución el Estado ha realizado por razones de orden, sino de aquellas cuestiones que hacen esencialmente a la persona y a sus derechos fuera de la colegiación.

Los incisos que hemos mencionado como sujetos a la discusión en el "sub lite", podrían no haberse incorporado a la normativa y el Colegio podría cumplir sus funciones específicas propias sin menoscabo alguno. Es decir que quizá podría argumentarse que son normas inoportunas, pero el juzgamiento de esta eventualidad está vedado a los jueces. La pregunta es: ¿son estas normas inconstitucionales por violar el derecho a no asociarse?

XV. La defensa a los miembros del Colegio para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados (inc. "c", art. 20) está íntimamente ligado a la matriculación y al ejercicio de la profesión. Aquel que lleva la matricula, que habilita para ejercer la profesión, que cobra por ello, debe también proveer lo necesario para preservar dicho ejercicio. Por supuesto sería una cuestión gremial la defensa de ciertos intereses, por ejemplo lo referente a honorarios, designaciones, etc. Por lo tanto las cuestiones que puedan violar los principios constitucionales surgirán en el momento en que esa defensa sea ejercida, lo cual implica una situación coyuntural insusceptible de realizar en esta oportunidad. Asimismo, cabe decir que se descuenta que así como existe la facultad del Colegio de defender a sus miembros, existe también el derecho del matriculado a que no se lo defienda.

El afianzamiento de la armonía entre los abogados es un fin común a cualquier organización, incapaz de causar agravio alguno. Por cierto que, tanto en uno como en otro caso, la cuestión estará en la forma en que se defiende o se afianza la armonía de los miembros, pero ello será, en su caso, motivo de agravio oportuno.

XVI. En cuanto a la evacuación de las consultas que le sean requeridas referente a la designación de magistrados, es una facultad que parece relacionada con los poderes disciplinarios. Si el propuesto como magistrado es un matriculado del Colegio parece legítimo que se le consulte acerca de si ha sido objeto de sanciones o no. Podría aún suponerse, que la consulta no está relacionada con dichas circunstancia, pero de todos modos no parece inconveniente que se intente -ya que es facultativa- consultar al Colegio, como a otras asociaciones de derecho acerca del magistrado a proponerse. Que puedan surgir problemas con motivo de estas consultas -y el acto ejemplifica- es algo hipotético que no puede ser juzgado aquí y que, además, no hace a esta facultad sino a un indebido ejercicio de la misma.

XVII. Una reflexión similar puede hacerse con el inc. "h" del art. 20. La colaboración con los poderes públicos en la elaboración de la legislación en general es una función que no puede soslayar ninguna entidad de las reconocidas legalmente. Dicha colaboración es un derecho de cada habitante desde el momento en que "no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes..." (art. 22, Constitución Nacional). Se inserta este derecho en lo establecido por el art. 33, siendo un correlato lógico del derecho de peticionar (art. 14, Constitución Nacional). Si cualquier particular puede "colaborar" presentando un proyecto en la Mesa de Entradas del Congreso, no podría negarse a una entidad como la creada por la ley 23.187 tal facultad, máxime si la legislación hace al ejercicio de la profesión o a las incumbencias de la misma.

Nuevamente aquí debemos destacar que esta cláusula es inocua y no genera agravios. Estos podrían producirse a partir de la colaboración de la entidad en la elaboración de legislación que pueda afectar las creencias religiosas, políticas, sociales, etc., de alguno de sus miembros -aunque sean minoría- y siempre que se haga a nombre de sus miembros. Pero una vez más nos encontramos ante una situación conjetural, insusceptible de ser justiciable en esta oportunidad. No podría coartarse aquella facultad en aras de un hipotético mal empleo.

XVIII. Igual consideración puede hacerse respecto del inc. "f" del art. 21. La cooperación en los planes de estudio o académicos que hacen a la profesión cuya matrícula tiene a su cargo el Colegio, tiene vinculación, sin duda alguna, con la jerarquización de la profesión que controla.

XIX. Nos queda, por último, el inc. "k" del art. 21, donde se faculta al Colegio para solicitar el enjuiciamiento de magistrados siempre que en la decisión concurra el voto de los 2/3 partes de los integrantes del Consejo Directivo. Cierto es que, como dice el actor, esta norma es redundante, desde el momento en que cualquier ciudadano puede pedir el juicio político. Pero si esto es así, no aparece agravio alguno para los miembros del Colegio para que las 2/3 partes del Consejo Directivo soliciten el juicio político, demostrando las irregularidades y deficiencias en el desempeño de la función judicial. Situación ésta que corresponde a la legislatura analizar.

XX. Todas estas finalidades, deberes y facultades, no son requisitos sustanciales referentes al control del ejercicio profesional. Pero aceptada la colegiación, estas normas aparecen con una cierta relación con los fines esenciales del Colegio, orientadas a lograr una cierta cohesión en la materia a su cargo. Son reglas establecidas en base a aquella colegiación, apareciendo como prudentes y razonables en relación al aspecto profesional que se relaciona con el interés público o general, más allá del interés estrictamente gremial de los asociados. No llevan, pues, a la destrucción del derecho a agremiarse o asociarse con fines estrictamente privados o a aspectos no públicos de la profesión, sino que están en armonía con las exigencias de la colegiación y contribuyen a dicho objeto. Creemos que no se puede disociar y desarraigar éste de las restantes connotaciones de índole social, cultural, etc., aspectos que son integrativos de la profesión.

Dije ya que algunas de estas facultades podrían muy bien no existir sin que afectara el control del ejercicio profesional, pero ello tiene relación con la forma en que ha de llevarse ese control. El mismo puede ser espartano y limitarse a la confección de un libro, donde sólo se asienten los nombres de los matriculados, o puede ser más completo y abarcar la jerarquización de la profesión, su defensa, la potestad disciplinaria, el problema de las incumbencias, etc., como sucede también en otras profesiones; facultades éstas que han sido admitidas por la jurisprudencia (Fallos, t. 65, p. 58; t. 97, .p. 367; t. 115, ps. 82 y 343; t. 117, p. 432; t. 145, p. 47; t. 164, p. 133; t. 197, p. 569; t. 199, p. 202 -Rev. LA LEY, t. 35, p. 656; Rep. LA LEY, t. V, p. 1074, sum. 73-, por no citar sino a los más antiguos).

XXI. No se le impone al actor la constitución de una sociedad distinta a aquella a que se incorpora por el solo hecho de inscribirse en la matrícula y ejercer en el foro de la Capital su profesión -facultad legal que no cuestiona-, formalizándose dicha comunidad a través de una normativa que hace a la disciplina y el mejor resguardo moral del ejercicio de la profesión en dicho fuero. Quedan, por lo demás, los abogados en la facultad de constituir con fines lícitos las asociaciones con fines privados que deseen, y asociarse a ellas o no hacerlo. También pueden éstas realizar aquellas actividades que hemos analizado como cuestionables (colaborar en la legislación, pedir el juicio político de algún magistrado, cooperar en los planes de estudio, etcétera).

Con lo dicho, no cabe dudar que ciertas facultades otorgadas por la ley se relacionan tanto con los fines privados como con los públicos de la profesión, pues no existe un claro deslinde de ciertas actividades. Pero tal como están redactadas las normas en cuestión no aparecen como algo ajeno al fin esencial de la colegiación, y si es así, por ende, se legisló sin tener en mira el interés privado -agremiación, asociación-. Esta, entiendo es la interpretación correcta, no sólo porque debe prevalecer aquella interpretación que tienda a la constitucionalidad de las leyes (Fallos, t. 255, p. 192; t. 261, p. 89; t. 262, ps. 41 y 263; t. 281, p. 146; t. 284, p. 2 -Rep. LA LEY, t. XXIV; p. 907, sum. 21; Rev. LA LEY, t. 118, p. 201; t. 119, p. 5; t. 119, p. 794; t. 146, p. 687-, entre muchos), sino porque este propio parlamento poco tiempo ha, sancionó la ley 23.054 (Convención Americana sobre Derechos Humanos), que en su art. 16 establece que "todas las personas tienen derecho a asociarse libremente..." y que "el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática...". No puede válidamente pensarse que el mismo parlamento haya entendido apartarse de dicho principio -de raigambre constitucional, por lo demás-, e inmiscuirse compulsivamente en la esfera de la asociación privada sin mención expresa en la ley o en su debate.

XXII. El actor tiene temor de que la colegiación pueda ser utilizada con fines políticos o aun personales o de grupo. La experiencia no demuestra que ello ocurra. Que haya habido casos aislados -por ejemplo remociones o traslados de jueces probos y de carrera ocurridas por presión de autoridades colegiadas, aprovechando tanto cambio institucional es posible, pero si esta situación no ha de repetirse, tampoco aquélla- cierto también es que algún Colegio llegó a otorgar calificaciones por su actuación a los jueces -como el profesor a los alumnos- y a hacerlas públicas. Pero éstos son desvíos ocasionales y producto del mal ejercicio de sus atribuciones. Finalmente las instituciones no son buenas o malas sino que son la consecuencia de los hombres que hacen uso de ellas.

XXIII. Alguna vez hemos dicho que legislar sobre colegios o sectores profesionales, sobre sus derechos y deberes, sobre su representatividad y responsabilidades, es una forma útil de penetrar en el terreno de la realidad y dejar atrás los vetos y abstinencias del estado liberal a ultranza. En rigor ellas fueron, entre otras cosas, un arma empleada a fines del siglo XVIII contra las estructuras sobrevivientes del corporativismo medieval que frenaba la expansión económica y demoraba el ascenso de la burguesía. Pero la doctrina liberal actual que no es aquella condicionada a la ley del "survival of the fittest", en el tercio final del siglo XX, no resiste en ser excesivamente individualista, porque los matices sociales han penetrado definitivamente en las diversas manifestaciones del quehacer humano.

En la materia de la colegiación obligatoria existen tomas de posición y puntos de vista muy firmes e igualmente respetables, particularmente en lo que hace a los abogados de la Capital -en las demás profesiones y en el caso de los abogados provincianos la discusión casi no existe-. Algunos recuerdan que la colegiación obligatoria en la provincia de Buenos Aires nació con "bastardía institucional" (dec. 543 del 20/1/44), pero también cabe recordar que la primer legislatura posterior sancionó la ley 5177 que hoy rige, y aún podemos remitirnos a otros colegios y profesiones para concluir que la colegiación obligatoria tiene "alcurnia de buen origen".

XXIV. Solamente tendríamos que hacer una reflexión, refiriéndonos al gran ausente de toda esta legislación: el ciudadano común, el cliente actual o potencial, desde el momento en que estas normas sirven de instrumento para la defensa de los intereses de los colegiados que tienen mayor poder para hacer valer sus demandas y que no siempre coinciden con la defensa de los intereses individuales del ciudadano común.

Por ello conviene recordar aquella leyenda del siglo XVI de aquel colegio inglés -Christ Church College de Oxford- que tenía por costumbre tocar cien campanadas a partir de las 12 de la noche, para dar "cien oportunidades" a los colegiales (colegial y colegiado tienen la misma raíz etimológica: cum lex -con o bajo la misma ley-) en este caso para que llegaran a tiempo. Luego de la campanada número cien, las puertas del Colegio se cerraban sin abrirse hasta el día siguiente. Una vez, un colegial, cometió más desmanes de los acostumbrados en la aldea vecina -Oxford entonces era una aldea-. Ello provocó el enfurecimiento de algunos aldeanos que decidieron darle un escarmiento. Como el muchacho se vio en la necesidad de dar velocidad a sus desplazamientos en un principio, para alejarse de sus perseguidores -lo que logró fácilmente- fue sintiéndose prematuramente cansado lo que hizo más lento su correr, por lo que no pudo apurarse cuando comenzaron a sonar las primeras campanadas del Colegio, que continuaron repicando, lenta pero inexorablemente. Estaba a cincuenta metros cuando oyó la campanada número cien y al llegar a las puertas de su colegio éstas ya estaban cerradas y, a pesar de golpear y gritar no se abrieron. Los vecinos de la aldea llegaron, lo apalearon y mataron. Al día siguiente, al encontrar las autoridades del Colegio el cadáver del colegial y enterarse de lo ocurrido, decidieron que, a partir de ese momento, fueran ciento una las campanadas -como una forma de dar siempre una oportunidad más a los colegiados- sin importar lo que hayan hecho.

Esto es lo que no deben hacer los colegios que tienen que tender a cumplir sus fines específicos sin desmedro de los ciudadanos y controlar adecuadamente el ejercicio profesional de sus miembros, evitando desviaciones. La colegiación es un banco de pruebas para revivenciar el proceso democrático. A sus miembros corresponde el control de que así suceda.

XXV. Con lo expuesto, propongo revocar la sentencia recurrida, por entender que las normas que cuestiona el actor, con fundamentos bastantes, aparecen justificadas en los hechos, por la necesidad de salvaguardar el interés público que tuvo en cuenta el Estado al decidir otorgar, a la entidad que se crea, la responsabilidad del ejercicio de la profesión de abogado. Son facultades congruentes con el carácter del fin esencial de la entidad y están en el ámbito de las atribuciones que se relacionan con el control otorgado, sin la destrucción de derecho alguno que exceda los límites de la colegiación que el actor no cuestiona.

Costas, por su orden, atento que el actor sostiene una posición jurídica firme y respetable, con fundamento suficiente para litigar (art. 68, Cód. Proced. Civil y Comercial).

El doctor Miguens dijo:

Comparto las conclusiones jurídicas del doctor Hutchinson para rechazar esta acción de amparo. En autos el actor no cuestiona la validez de la colegiación obligatoria en la medida que suponga el gobierno de la matrícula de los abogados y el ejercicio del poder disciplinario sobre los matriculados. Esta actividad hace al control que le compete al Estado, del ejercicio profesional, ejercido fundamentalmente en defensa de la fe pública y de los propios colegiados, actividad ésta que en el caso ha sido delegada en otra persona jurídica, tal el Colegio Público de Abogados.

Sus reparos que apuntan al mal uso que pudiera hacer el colegio de algunas de las facultades contenidas en los arts. 20 y 21 de la ley de creación. Se sospecha que esas normas de por sí ambiguas debido a su latitud, pudieran dar cabida al ejercicio de intereses subalternos. Pero ello supone una situación conjetural que, como tal, no tiene entidad para descalificar sus preceptos. De producirse la situación ilegítima se podría encontrar remedio en la protección jurisdiccional del Estado.

Por lo demás, las normas cuestionadas no interfieren en la defensa que los profesionales quieran hacer de sus derechos por las vías que estimen convenientes, sea en forma personal o representados corporativamente por una asociación que tenga esos fines políticos y a la que pertenezcan por propia voluntad. Antes bien, la actividad del Colegio, en este aspecto, a lo sumo, coadyuvaría a la defensa de esos intereses, lo que no le causa al actor agravio constitucional alguno.

Nótese que la representatividad exclusiva y excluyente del Colegio creado por la ley se limita al control de la matrícula y al aspecto disciplinario, atribuciones éstas que, como se dijo, no se cuestionan en autos. Las demás facultades, según su propio texto, ya analizado por el voto al que adhiero, y que doy aquí por reproducidos en mérito a la brevedad, ciñen el actuar del Colegio a una actividad protectora que, además de poder ser compartida por otras instituciones, se compadece con la naturaleza de la colegiación.

Por ello, de existir alguna duda sobre que, con la obligatoriedad de la colegiación en el aspecto que apunta el actor, se estuviera vulnerando la libertad de asociarse consagrada en el art. 14 de la Constitución Nacional, tema que puede ser discutible, al no encontrar argumentos de peso que demuestren que existe una lesión sustancial a ese derecho u a otros allí consagrados, me inclino por la legitimidad de las normas impugnadas, por ser la declaración de inconstitucionalidad un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (Fallos, t. 300, ps. 241 y 1087; t. 302, ps. 457, 484 y 1149 -Rep. LA LEY, t. XLI, A-I, p. 546, sum. 34; Rev. LA LEY, t. 1979-B, p. 274; t. 1980-C, p. 506; Rep. LA LEY, t. XL, p. 971, sum. 715; Rev. LA LEY, t. 1981-A, p. 94- entre muchos otros).

Por ello voto para que se revoque la sentencia recurrida, proponiendo que las costas sean soportadas por su orden en atención a las distintas posturas que surgen de las opiniones del juez dé primera instancia y de los vocales de esta sala, que demuestran que el actor pudo considerarse válidamente con derecho a litigar.

En atención a los votos precedentes este tribunal resuelve revocar la sentencia en primera instancia. Costas por su orden. Consecuentemente déjase sin efecto la medida cautelar oportunamente decretada. - Pedro A. Míguenz. - Guillermo P. Galli. - Tomás Hutchinson. (Sec.: Dora J. Gfell de Juarez Peñalba).

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