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Institucional • Historia

Fallo Beveraggi

Fallo Completo en autos caratulados: Beveraggi de la Rua y otros c. Nación Argentina (Ministerio de Educación y Justicia)

Buenos Aires, marzo 3 de 1987.

Vistos: El pedido de aclaratoria formulado en el escrito en despacho;

Considerando:

1. Que el actor cuestionó el poder disciplinario atribuido al Colegio, comprensivo de la facultad de dictar normas de ética cuya violación podría acarrear -entre otras sanciones- la suspensión de hasta un año en el ejercicio de la profesión y la exclusión de la matrícula (artículos 44 inciso g) y 45 incisos d) y e) de la ley 23.187), toda vez que se tipificarían conductas y se aplicarían penas mediante una indebida atribución de potestades exclusivas del Congreso Nacional (artículos 18 y 67, inciso 11, Constitución Nacional).

2. Que, sobre el particular, la objeción así planteada tiene por sustento un agravio meramente conjetural por cuanto no existe una controversia efectiva de derechos desde que el apelante no ha alegado un perjuicio concreto sufrido por la aplicación de las disposiciones cuestionadas. Tal circunstancia obsta a la intervención de este Tribunal en razón de su conocida jurisprudencia acerca del carácter inoficioso de un pronunciamiento de la Corte si no se justifica el gravamen derivado de la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se pone en tela de juicio (Fallos: 289:238; 300:587; entre otros).

3. Que, por otra parte, admitida la validez constitucional de la creación del Colegio Público de Abogados por la ley 23.187 a la luz de lo resuelto "in re": "Ferrari, Alejandro M. c. Estado Nacional (P.E.N.) s/amparo", con fecha 26 de junio de 1986 (La Ley, 1986-D, 308, con nota de Miguel A. Ekmekdjian y Luis M. Claus), en virtud de las mismas razones expuestas en aquella oportunidad ha de concluirse que tampoco resultan contrarias a ninguna cláusula de la ley fundamental las contribuciones a que los miembros del colegio queden obligados, v. gr. las cuotas de inscripción y anual previstas en el artículo 51, inciso a, de la ley citada, indispensables para la subsistencia del ente y el cumplimiento de sus fines. El evidente beneficio público consistente en el control de una actividad profesional de innegable trascendencia social puede exigir un proporcional sacrificio del interés privado (Fallos: 199:483; 203:100; entre otros) sin que ello importe violación alguna a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

4. Que, en función de lo expresado, idénticas consideraciones cabe aplicar con referencia al "derecho fijo" que deberá abonarse al iniciar o contestar cualquier acción judicial con intervención letrada (artículo 51, inciso d), bien entendido que la determinación cuantitativa de esa contribución por la asamblea del Colegio "en una proporción del importe de la tasa de justicia que se tribute en juicios por monto indeterminado" no constituye una indebida delegación de facultades legislativas por el Congreso de la Nación sino tan sólo el reconocimiento legal de una atribución a un ente público que queda librada a su arbitrio razonable dentro de los límites claramente fijados por la norma y cuya validez ha sido reconocida en numerosas oportunidades por el Tribunal en el marco reglamentario del artículo 86, inciso 2° de la Constitución Nacional (Fallos: 148:430; 155:178; 199:483; entre otros).

En su mérito se hace lugar a la aclaratoria y se amplía la sentencia dictada por este Tribunal a fs.166 en los términos que resultan de los precedentes considerandos. - Augusto C. Belluscio. - Carlos S. Fayt. - Enrique S. Petracchi (en disidencia). - Jorge A. Bacqué.

Disidencia del doctor Petracchi:

Vistos: el pedido de aclaratoria formulado en el escrito en despacho.

Considerando:

Que el tema concerniente a "la aptitud de aplicar sanciones disciplinarias" por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, así como el que atañe al derecho fijo previsto en el inciso d, del art. 51, de la ley 23.187, no han sido sometidos al conocimiento del Tribunal.

Que la cuestión relativa a las cuotas dispuestas por el inciso c), del precepto legal antedicho, no fue planteada con independencia de la suerte que corriesen las impugnaciones resueltas explícitamente por esta Corte, de manera que, en tal aspecto, el pronunciamiento dictado contiene una decisión implícita adversa (Fallos: 300:615 y sentencia A.239.XX "Ambrogi, Ana Rosa c. Camea S.A.", del 12 de marzo de 1985).

Por ello, se desestima el pedido de aclaratoria. - Enrique S. Petracchi.

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